La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá acogió los argumentos de un fiscal de la Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, e impuso medida privativa de la libertad en su lugar de residencia contra el actual gobernador del departamento del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco.

El mandatario es investigado por irregularidades en un contrato del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de 2015.

Se le señala como presunto responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

El contrato investigado es el 0041 de 2015, suscrito entre el secretario general del departamento con un consorcio integrado por tres empresas.

El objeto era la prestación del servicio de alimentación escolar a los niños, niñas y adolescentes escolarizados en las áreas rural y urbana del departamento del Cesar por un valor de 23.538 millones, pero que en realidad tuvo un costo de 34.632 millones de pesos. 

El plazo de ejecución fue de 81 días hábiles. El contrato se liquidó en diciembre de 2015 con un sobrecosto de 2.983 millones de pesos en favor del contratista.

Los elementos probatorios advierten 9 anomalías graves en las fases contractuales, entre estas se destaca presunta falta de planeación al firmar un contrato por 81 días y no por los 5 meses que dura un semestre escolar. 

Esto obligó a realizar prórrogas en tiempo y adiciones presupuestales.

En los estudios previos, al parecer, no se estableció la población a beneficiar ni el número de raciones a entregar.

Tampoco fueron priorizadas las comunidades indígenas, ni se establecieron dietas ni complementos alimenticios para los estudiantes.

Otra anomalía hace referencia a que el presupuesto oficial no estaría ajustado a las necesidades contractuales ni a los precios de mercado.

El material de prueba da cuenta que en la fase precontractual presuntamente existió un direccionamiento del contrato en favor de un consorcio específico al no existir un proceso claro de selección objetiva.

Otra irregularidad estableció que se habría asignado un rubro para la contratación de 1.752 manipuladoras de alimentos, aunque en realidad tan solo eran necesarias 350.

La Fiscalía logró argumentar que el señor Monsalvo Gnecco al parecer orientó la contratación, benefició al consorcio contratante y no supervisó el proceso contractual como lo exige la ley, y en su lugar delegó a otro funcionario.